Asistimos en los últimos días al espectáculo de ver cómo la caverna mediática defiende a capa y espada, gritando Santiago y cierra España, la presunción de inocencia para la Infanta Cristina y la necesidad de no hacerla pasar por el escarnio público que supondría que entrara bajando la cuesta de los juzgados de Palma andando, como el resto de imputados de ese juzgado.
Afirman muy dignos que se la está sometiendo a una pena de banquillo sin haber sido escuchada, juzgada y condenada y que eso supone un perjuicio gravísimo para su persona en particular y para la imagen de la Casa Real en general. En una palabra, se escandalizan de que habiendo sido imputada y teniendo que declarar, no se la dé un trato de favor, facilitando su entrada a los juzgados en coche y lejos de los ojos del pueblo.
Hay que recordar a estos tertulianos más monárquicos que el propio Juan Carlos, que la Infanta ya fue imputada en su día por los numerosos indicios delictivos que acumulaba en su persona y que en un hecho sin precedentes, la Audiencia Provincial de Palma la “desimputó”, verbo que hasta la fecha permanecía ajeno a nuestros oídos.
Olvidan también que para volverla a imputar el Juez Castro ha tenido que redactar un Auto de 277 folios para evitar que la Fiscalía Anticorrupción lo recurriera como el anterior, que a tenor de lo dicho por reputados juristas, era impecable.
No quieren que nos fijemos en que los técnicos de Hacienda –somos todos, pero unos más que otros- que dijeron en su día que las facturas presentadas por Noos para justificar determinados gastos del matrimonio Urdangarín-Borbón eran falsas, hoy dicen que son “simuladas” y dan por bueno lo que es infumable, para rebajar la cuantía de lo defraudado y deje de ser delito para quedarse en una simple sanción administrativa.
En una palabra, que si todos los españoles somos iguales ante la Ley, la ciudadana Cristina Borbón debería estar Imputada hace meses, por no decir años, debería haber declarado ante el juez Castro como en su día lo hizo su marido Iñaki Urdangarín, su socio Torres y la mujer de éste último y debería responder por lo robado a las arcas públicas. Y no sirve como excusa el morbo mediático de su declaración porque otros personajes públicos han tenido que someterse a ese y peores escarnios y la caverna no se ha pronunciado al respecto, recordemos aquí esperpentos como el de Isabel Pantoja o el de Ortega Cano o Julián Muñoz…
Dejo para el final la pena de banquillo a la que se ha sometido y se sigue sometiendo a políticos que sin haber sido siquiera imputados, han protagonizado portadas de los mismos diarios que hoy claman contra el circo mediático en torno a la Infanta. Recordemos que en algunos casos, para mayor abundamiento se han inventado figuras jurídicas como la “preimputación” con la que la jueza Alaya señaló a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y Pepe Griñán, que no existe en el ordenamiento jurídico español y que solo sirve para llenar horas de tertulias ensuciando sus nombres.
No oí entonces al Gobierno pedir que se respetara la presunción de inocencia y la buena imagen de estos servidores públicos, quizás porque eran socialistas, me atrevo a pensar. Tampoco leí declaraciones del Ministro de Justicia o de Interior, cuando imputaron a Pepe Blanco por la acusación sin pruebas de un delincuente confeso, quitando hierro al asunto en el sentido de que cualquiera puede ser imputado y eso no significa que al final de la instrucción uno resulte procesado y mucho menos condenado como hacen ahora con Cristina de Borbón, todo lo contrario, cuando el Tribunal Supremo archivo la causa contra el socialista Blanco, lo que hicieron estos periodistas tan respetuosos hoy con la presunción de inocencia fue sospechar de algún tipo de trato de favor del alto tribunal para con el ex Ministro de Zapatero.
Se ve que no solo no somos todos iguales ante la Ley, sino que no lo somos en absoluto ante la prensa y no olvidemos que la imagen de un político para el ciudadano es la que los medios de comunicación quieran dar de él.
MartuBlog 