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VIVIENDA, DERECHO, OCUPACION, JUSTICIA SOCIAL…

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En España se producen 183 desahucios diarios, 183 familias que se quedan sin su casa, en el peor de los casos por un impago de hipoteca por el que presumiblemente seguirán debiéndole decenas de miles de euros al banco.

En España hay 1.400.000 familias a las que el año pasado les cortaron la luz y el gas por no poder pagar los recibos, los esfuerzos familiares se concentran en pagar las hipotecas y alquileres como sea para no verse desahuciados.

En España hay un parque de vivienda vacía superior a los 3.400.000, casi un 14% de las construidas, pero solo un 3% en las grandes capitales, de las que el Sareb –banco malo- solo dispone de unas 145.000, el resto está en manos de otros bancos, constructoras, particulares…

No he sido capaz de encontrar un dato fiable sobre vivienda ocupada ilegalmente en España.

El Ayuntamiento de Sevilla, reconoce que dispone 300 viviendas protegidas vacías pese a que hay 18.000 vecinos inscritos como solicitantes de Vivienda de Protección Oficial. En este mismo municipio hay 700 familias esperando para acceder a una Vivienda Social sin que el consistorio le dé respuesta a sus necesidades. Es importante entender la diferencia entre el que demanda una VPO y el que solicita una Vivienda Social porque su situación es de riesgo de exclusión social.

Hecha esta introducción previa para situar en números fríos, sin ideología ni posicionamiento, el problema de la vivienda en España y la situación concreta de Sevilla capital, paso a referirme al que ha desatado la polémica esta semana, el desalojo de la llamada Corrala Utopía por el Ayuntamiento de Sevilla.

Desde hace dos años, el edificio que se ha venido llamando Corrala Utopía, propiedad de Ibercaja, ha acogido a numerosas personas que por su situación necesitaban un lugar donde vivir y que, de haber cumplido el Ayuntamiento de Sevilla con sus obligaciones, hubieran podido ser alojadas en alguna de las 300 viviendas vacías de las que dispone el Consistorio de la capital hispalense.

Actualmente quedaban en la Corrala 22 pisos ocupados, no todos por familias, al menos 5 o 6 son personas sin cargas familiares que legalmente no pueden considerarse en riesgo de exclusión social y por tanto no pueden acceder a una Vivienda Social, como es el caso de Irma Blanco, que ocupaba un piso sola, que trabaja en el Ayto. de Villaverde y que había recibido una de las llaves que la Consejera de Vivienda ha entregado arbitrariamente.

En una ciudad con 700 solicitudes de Vivienda Social, no se puede dar prioridad a los 19 casos de la Corrala sin previamente ser baremados por los Servicios Sociales del Ayto. para que acrediten que realmente se encuentran en situación de exclusión social y que se priorice de acuerdo a la gravedad, anteponiéndolos o no a los otros casos en función de la necesidad real.

El mensaje que estaríamos dando desde las Instituciones es que si respetas la Ley, si cuando te desahucian te hacinas en casa de tus padres con tus hijos o te metes en una pensión tu sola con tu niño o vives en una furgoneta y acudes a los Servicios Sociales para que te ayuden, tienes menos derecho a disponer de una Vivienda Social que aquellos que han dado una patada a una puerta y ha ocupado ilegalmente y por la fuerza una vivienda, sea del banco, del Ayuntamiento o de un particular.

Discusión separada merece también el hecho de que en España haya millones de familias pasando fatigas para pagar sus hipotecas, viendo cómo su vivienda vale hoy la mitad de lo que le deben al banco, temiendo un día quedarse sin trabajo y no poder pagar la hipoteca viéndose desahuciados y además con la losa de una deuda eterna e inasumible, que solo se solucionaría a través de una quita de, al menos el 30%, preferiblemente del 50%, en sus créditos y de lo que nadie parece muy interesado en hablar.

En cuanto a la responsabilidad política, en este tema hay tres administraciones implicadas y es justo atribuir a cada una de ellas su cuota parte de responsabilidad. De un lado está el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular Zoido, que disponiendo de vivienda pública vacía ha hecho dejación de su obligación de preocuparse por sus vecinos y que podría haber dado una solución sencilla y digna a este caso sin necesidad de llegar a estos extremos.

De otra parte está la Junta de Andalucía, gobernada en coalición por el Partido Socialista de Andalucía e Izquierda Unida, organización que ocupa la Consejería de Vivienda que tiene las competencias en esta materia. Es un error tremendo de parte de la Consejera saltarse el procedimiento y entregando llaves de viviendas públicas a quienes no han acreditado cumplir los requisitos para acceder a ella, máxime si alguna es militante suya y trabajadora de un Ayuntamiento gobernado por IU como es el caso antes explicado de Irma Blanco, trabajadora social del Ayto. de Villaverde (Sevilla).

Y finalmente llegamos al Gobierno Central de Mariano Rajoy que se apresuró a impugnar frente al Tribunal Constitucional la llamada ley anti desahucios aprobada por la Junta de Andalucía, consiguiendo su paralización y que posibilitaba la expropiación de viviendas vacías para entregar su uso temporal a las familias más necesitadas a cambio de un justiprecio.

PD MI COLUMNA DE LOS JUEVES EN DIARIO PROGRESISTAS. LAS PALABRAS TAMBIÉN MATAN