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CREO EN LA HONRADEZ Y LA INOCENCIA DE PEPE GRIÑÁN

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CREO EN LA HONRADEZ Y LA INOCENCIA DE PEPE GRIÑÁN

Hace mucho que no escribo en este mí/nuestro blog y la verdad es que no se me ocurre una razón mejor para volver a hacer que acudir en defensa de la honradez, la honorabilidad y la inocencia de un buen socialista, una buena persona y un mejor amigo, como es José Antonio Griñán.

Algunos me han recomendado que no me moje, que no ponga la mano en el fuego, que no me queme por nadie porque total, ellos tampoco lo harían por mí, pero no saben que Pepe ya ha estado a mí lado cuando ha hecho falta y que, además, aunque no hubiera sido así, mí naturaleza me impide ponerme de canto ante la injusticia y no defiendo lo que creo en función de que me vaya a beneficiar políticamente o no.

Hechas estas aclaraciones he de decir que me ha sorprendido la noticia de que el Fiscal pida para José Antonio Griñán nada menos que 6 años de cárcel cuando el Tribunal Supremo, en un Auto reciente dijo, textualmente: “no constan datos indiciarios incriminatorios de malversación contra José Antonio Griñán pues no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícitos de terceras personas” De primero de Derecho es que sin datos indiciarios el Fiscal no puede proponer ahora una pena por malversación.

Pero hay otro asunto que el Fiscal conoce de sobra, o debería conocer, y que, aunque sea un poco técnico, quiero compartir con vosotros. La malversación de caudales públicos constituye un delito especial propio de autoridades y funcionarios públicos que pueden cometer con ocasión del ejercicio de su actividad. Es un delito de apropiación indebida, pero con la particularidad que solo puede cometerlo un empleado público o alto cargo.

La malversación puede ser apropiativa, cuando, perdonadme que baje al lenguaje vulgar, el funcionario se lleva la pasta para sí, o puede ser de uso cuando no se lleva la pasta, pero la aplica a un fin anómalo para el que no estaba previsto ser usada. En el primer caso las penas acarreaban cárcel, en este segundo, solo multa e inhabilitación.

Tras la reforma del PP del Código Penal en el año 2015, para ambas modalidades se estableció una pena de 2 a 6 años de prisión, inhabilitación para cargo o empleo público y para el ejercicio del sufragio pasivo (para ser elegido, lo que le ha pasado a Otegi en estas últimas elecciones autonómicas en Euskadi, para poneos un ejemplo).

En España, no cabe la aplicación retroactiva de la norma penal por lo que no es posible aplicar las penas agravadas a supuestos delitos cometidos con anterioridad a la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

Por todo lo anterior, si atendemos a lo que dijo el Tribunal Supremo, no habría razones para acusar a José Antonio de malversación al no haber datos indiciarios incriminatorios, pero, lo que, desde luego no puede hacer el Fiscal sin incurrir en prevaricación, porque le supongo el conocimiento de la norma penal española, es pedir 6 años de cárcel por malversación de uso, aplicando preceptos de una Ley de 2015 para hechos que ocurrieron años antes.

Termino pues como empecé, creo en la honradez y la inocencia de Pepe Griñán y, como parte de la misma, por mi profesión, confío en la Justicia que acabará dándole la razón a quien la tiene, en este caso, el justiciado.