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PENA DE BANQUILLO

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Asistimos en los últimos días al espectáculo de ver cómo la caverna mediática defiende a capa y espada, gritando Santiago y cierra España, la presunción de inocencia para la Infanta Cristina y la necesidad de no hacerla pasar por el escarnio público que supondría que entrara bajando la cuesta de los juzgados de Palma andando, como el resto de imputados de ese juzgado.

Afirman muy dignos que se la está sometiendo a una pena de banquillo sin haber sido escuchada, juzgada y condenada y que eso supone un perjuicio gravísimo para su persona en particular y para la imagen de la Casa Real en general. En una palabra, se escandalizan de que habiendo sido imputada y teniendo que declarar, no se la dé un trato de favor, facilitando su entrada a los juzgados en coche y lejos de los ojos del pueblo.

Hay que recordar a estos tertulianos más monárquicos que el propio Juan Carlos, que la Infanta ya fue imputada en su día por los numerosos indicios delictivos que acumulaba en su persona y que en un hecho sin precedentes, la Audiencia Provincial de Palma la “desimputó”, verbo que hasta la fecha permanecía ajeno a nuestros oídos.

Olvidan también que para volverla a imputar el Juez Castro ha tenido que redactar un Auto de 277 folios para evitar que la Fiscalía Anticorrupción lo recurriera como el anterior, que a tenor de lo dicho por reputados juristas, era impecable.

No quieren que nos fijemos en que los técnicos de Hacienda –somos todos, pero unos más que otros- que dijeron en su día que las facturas presentadas por Noos para justificar determinados gastos del matrimonio Urdangarín-Borbón eran falsas, hoy dicen que son “simuladas” y dan por bueno lo que es infumable, para rebajar la cuantía de lo defraudado y deje de ser delito para quedarse en una simple sanción administrativa.

En una palabra, que si todos los españoles somos iguales ante la Ley, la ciudadana Cristina Borbón debería estar Imputada hace meses, por no decir años, debería haber declarado ante el juez Castro como en su día lo hizo su marido Iñaki Urdangarín, su socio Torres y la mujer de éste último y debería responder por lo robado a las arcas públicas. Y no sirve como excusa el morbo mediático de su declaración porque otros personajes públicos han tenido que someterse a ese y peores escarnios y la caverna no se ha pronunciado al respecto, recordemos aquí esperpentos como el de Isabel Pantoja o el de Ortega Cano o Julián Muñoz…

Dejo para el final la pena de banquillo a la que se ha sometido y se sigue sometiendo a políticos que sin haber sido siquiera imputados, han protagonizado portadas de los mismos diarios que hoy claman contra el circo mediático en torno a la Infanta. Recordemos que en algunos casos, para mayor abundamiento se han inventado figuras jurídicas como la “preimputación” con la que la jueza Alaya señaló a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y Pepe Griñán, que no existe en el ordenamiento jurídico español y que solo sirve para llenar horas de tertulias ensuciando sus nombres.

No oí entonces al Gobierno pedir que se respetara la presunción de inocencia y la buena imagen de estos servidores públicos, quizás porque eran socialistas, me atrevo a pensar. Tampoco leí declaraciones del Ministro de Justicia o de Interior, cuando imputaron a Pepe Blanco por la acusación sin pruebas de un delincuente confeso, quitando hierro al asunto en el sentido de que cualquiera puede ser imputado y eso no significa que al final de la instrucción uno resulte procesado y mucho menos condenado como hacen ahora con Cristina de Borbón, todo lo contrario, cuando el Tribunal Supremo archivo la causa contra el socialista Blanco, lo que hicieron estos periodistas tan respetuosos hoy con la presunción de inocencia fue sospechar de algún tipo de trato de favor del alto tribunal para con el ex Ministro de Zapatero.

Se ve que no solo no somos todos iguales ante la Ley, sino que no lo somos en absoluto ante la prensa y no olvidemos que la imagen de un político para el ciudadano es la que los medios de comunicación quieran dar de él.

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IMPUTACIONES EN DIFERIDO Y CON FORMA DE SIMULACION

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Ya escribí ayer, nada más conocerse el Auto de no imputación de los aforados Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de la jueza Alaya en el caso de los EREs intrusos. Ayer me concentré en explicar la necesidad de una figura como el Aforamiento y puse como ejemplo la utilización política por parte de Alaya de este caso, haciendo coincidir sus más que discutibles decisiones jurídicas con momentos claves del calendario político andaluz.

Hoy, leído con sosiego y detenimiento el Auto de marras no puedo menos señalaros aquí textualmente lo que dice la jueza Alaya que reconoce en su auto que “no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación o inculpación” y que con su decisión se limita a comunicarles “la existencia” del procedimiento judicial “a fin de que puedan personarse en la causa si ese fuera su interés”.

Esta es una técnica que nuestro ilustre humorista Gila ya empleó en atrapar a Jack el Destripador en uno de sus más hilarantes monólogos que os recomiendo encarecidamente y que consistía en conseguir que el famoso asesino en serie se entregara voluntariamente ante la presión recibida: “alguien ha matado a alguien” “alguien ha cometido un crimen”…

Lo peor es que la jueza actúa guiada por la Audiencia Provincial de Sevilla que se puso de canto, del canto derecho, eso sí, a primeros del verano indicando que si algún aforado se sentía indefenso porque día sí y día también su honorabilidad quedara puesta en entredicho en los medios de comunicación y en las filtraciones interesadas de la causa a altos dirigentes del PP andaluz que eran utilizadas en la batalla política, podían ponerse a disposición del juzgado para declarar…

Me recuerda a aquellos tiempos de la Secreta de Franco en que te invitaban a pasarte por Comisaria “voluntariamente” porque si eras inocente nada tenías que temer. Igual soy rara pero prefiero la seguridad jurídica del cumplimento de los procedimientos judiciales a rajatabla para evitar que las decisiones judiciales se tomen al albur de los intereses económicos, políticos, sentimentales, afectivos, erótico festivos o de cualquier otra índole. Y el procedimiento judicial es claro, si un juez de instrucción tiene la sospecha de que un aforado ha cometido un delito debe elevar petición a la Sala II del Tribunal Supremo para que ésta se haga cargo de la causa tramitando suplicatorio, fin de la cita.

Lo que me llama la atención son esos tertulianos cavernarios que ensalzan los esfuerzos denodados de la jueza Alaya por no soltar la causa de los EREs que tantos paseíllos de la fama la comportan y al mismo tiempo exigen a gritos que el juez Castro envíe la causa Noos al Tribunal Superior de Justicia de Valencia imputando a Francisco Camps y Rita Barberá, aforados populares, convencidos que allí serán tratados con más benevolencia.

Y es por esto que vuelvo a insistir en la seguridad jurídica que supone que haya unas normas idénticas para todos de obligado cumplimiento, también por el poder judicial. Que tengamos derecho a un juez predeterminado por la Ley y no señalado ad hoc según sea nuestra causa. Porque aquí estamos hablando de principios fundamentales del ordenamiento procesal penal: no generar indefensión, derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas, derecho a la defensa, derecho a conocer los hechos delictivos que se nos imputan y para ello hemos de ser imputados. Y en el caso que nos ocupa, un derecho especial de los aforados a ser juzgados por un Tribunal Superior.

EL AFORAMIENTO

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En estos tiempos oscuros donde los escándalos de corrupción política se magnifican por parte de los adversarios, copan portadas de la prensa escrita y abren los telediarios de las televisiones, la mitad de la población se ha vuelto experta en el manejo de términos jurídicos complejos y figuras procesales penales complicadas, en la mayoría de las ocasiones sin mucho acierto.

No entraré en este viejo defecto del que adolecemos los españoles en general y algunos todólogos tertulianos, en particular, hablar sin tener ni idea de lo que estamos hablando, porque eso daría para horas de entretenidas líneas y hoy quisiera concentrarme en el tema del Aforamiento que tantas ampollas levanta entre los atónitos ciudadanos de nuestro país.

La figura del aforamiento está recogida en la Constitución Española, que en su artículo 102 fija que tanto al Presidente del Gobierno como a los demás miembros de su ejecutivo los juzga la Sala II del Tribunal Supremo. Este fuero especial se extiende a diputados y senadores en el artículo 71.3 y a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los presidentes del Congreso y Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, del Constitucional, diputados autonómicos…

¿Esto significa que estos cargos políticos y judiciales son impunes? No. ¿Esto quiere decir que serán juzgados por unas normas más benignas o con algún tipo de privilegio procesal? Tampoco. Lo único que significa es que un juez instructor no puede imputar directamente a ninguno de estos cargos sino que tiene que tramitar una petición a la Sala II del Tribunal Supremo para que estos envíen un suplicatorio a la Cámara respectiva.

El caso que hoy nos ha consternado a todos, el amago de imputación de la jueza Alaya encargada del asunto de los EREs intrusos en Andalucía, de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán viene muy bien para explicar la necesidad de una figura como el aforamiento.

Una jueza de instrucción de Sevilla puede estar durante años instruyendo una causa como esta de los EREs, haciendo coincidir sus decisiones judiciales con momentos especialmente importantes de la vida política del Parlamento andaluz, imputando selectivamente nombres en lugar de seguir una cadena lógica de imputación y por tanto puede condicionar el futuro político de muchas personas inocentes o no, que eso se dilucidará en un momento procesal posterior y por otro juez, como marca la norma.

Si los representantes electos de los ciudadanos, los que están en sus puestos por nuestra voluntad libremente expresada en las urnas no tuvieran el paraguas del aforamiento, una jueza como Alaya podía haber conseguido que Pepe Griñán no fuera el Presidente de Andalucía, como así lo decidieron los andaluces, con solo imputarle y luego entretener la causa durante años hasta que se resolviera si es o no responsable de algún ilícito penal.

No olvidemos que la imputación no significa más que el juez ha tenido noticia criminis, indicios de su participación en el tipo delictivo y con ello se asegura de que aquel que está siendo acusado por otros de haber formado parte en la comisión de un delito, pueda comparecer en sede judicial como imputado, defendido por abogado, con derecho a defenderse e incluso a mentir en su defensa y con conocimiento al detalle de todo aquello que le acusa: testimonios, pruebas…

El hecho de que imputar a un aforado haga que un juez de instrucción pierda la causa en favor de un Tribunal Superior hace más difícil la utilización o manipulación de los tiempos procesales con fines políticos, como acabamos de ver en Andalucía. Los hechos por los que la jueza Alaya amaga, que no imputa, a Chaves y Griñán son los mismos que existían al inicio de la investigación hace ya varios años y la única razón de no haberles imputado hasta ahora y seguir sin hacerlo, es no perder la causa y con ello su poder de interferir en la vida política andaluza y española.

Lo hemos visto también con el caso Campeón en el que al entonces Ministro de Fomento y Diputado por el PSOE, Pepe Blanco fue acusado de varios delitos por el delincuente Dorribo, que al final el juez dejó en uno en su escrito de petición de imputación y que el Tribunal Supremo determinó que no había causa por lo que no tramitó suplicatorio al Congreso, pero que sirvió para condicionar su vida política hasta el punto de apartarlo de primera línea.

Del mismo modo que en primera instancia te juzga un único juez y en cambio cuando recurres lo hace un órgano colegiado formado por un mínimo de tres jueces de mayor experiencia que el anterior. Del mismo modo que entendemos que para hacer firme una decisión judicial queremos una segunda opinión, tomada por más de una persona y con la máxima experiencia profesional posible, es lógico que a los representantes electos de la voluntad popular los juzgue y condene un órgano colegiado de especial prestigio.

Teniendo clara la diferencia entre estar imputado, que lo podemos estar cualquiera de nosotros por la sola palabra de cualquiera que nos acuse y que el juez le de credibilidad, y la condición de procesado, que significa que el juez de instrucción, vistas las pruebas contra ti, tiene razonable certeza de tu culpabilidad y te envía al juez juzgador para que éste lo corrobore y determine la pena a cumplir por ello, considero vital apartar de la vida política de todos los partidos políticos a aquellos que resulten procesados. Me parece tremendamente arriesgado extender esta petición a los imputados porque ello daría armas a los que quieren cambiar los resultados obtenidos en las urnas a través de procedimientos judiciales.