Sindicatos y Partidos

Las organizaciones políticas y sindicales no son ajenas a la crisis que asola la Unión Europea y muy principalmente a España. Con la excepción del Partido Popular, al que parecen no afectar los avatares de la economía, el resto de partidos y los sindicatos viven momentos difíciles, casi dramáticos en algunos casos.

Hasta donde yo conozco, unos y otros viven de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones que el Estado o las Comunidades Autónomas aprobaron en función del número de votos, escaños y cargos electos que consiguen en los distintos comicios.

No hay que ser un genio para comprender que cuando los ciudadanos pasan apuros económicos prescinden de lo que consideran gastos superfluos y que las cuotas de afiliación a partidos y sindicatos entran dentro de esta categoría casi automáticamente.

A la bajada de afiliación se une, en el caso de los socialistas, la pérdida de millones de votos y con ello, del Gobierno de España, que se traduce en una importante pérdida de ingresos en concepto de subvenciones tanto por voto en urna como por cargos electos.

Como en cualquier economía doméstica o de empresa, si bajan los ingresos drásticamente y no hay forma a corto plazo de conseguir financiación extra, han de reducirse los gastos de manera equivalente y es aquí, como diría aquel, donde empezó Jesucristo a padecer.

Partido y Sindicato nunca han funcionado como una empresa, con una política de actuación en materia de personal bien definida cuya lógica debiera haber sido: un personal de estructura, técnico, administrativo, no sujeto a los cambios de legislatura muy ajustado a las necesidades reales y un personal de perfil más político, cuya contratación se basa en la confianza, en la afinidad con el ejecutivo de turno y por tanto, sujeto a mandato.

Todo lo contrario, las plantillas se han engrosado con el paso de los distintos responsables, hasta convertirse en un atrofiado cuerpo intocable, informe, heterogéneo y absolutamente ingobernable.

No seré yo quien discuta que para encontrar un trabajador en un sindicato o partido político no se puede poner un anuncio en el periódico, es necesario estar seguros de que sus principios y valores personales, son compatibles con los de la organización para la que va a trabajar, esto es obvio y acarrea un nepotismo tolerable.

El problema es cuando este nepotismo, no es ilustrado –perdonarme la broma afrancesada- es decir, el daño a la organización se le hace, no cuando se contrata un familiar o un amigo, sino cuando se contrata a un familiar o un amigo que no está formado para el puesto en el que se le contrata.

El drama se multiplica cuando con el paso de los años y los líderes, este nepotismo no ilustrado va copando los puestos de trabajo, obligando al que viene detrás a nuevas contrataciones para lograr sus fines y así nos encontramos a día de hoy que el 70% de los gastos son de personal.

En una coyuntura de reducción del gasto por la caída abisal de ingresos y con un balance que recoge que la partida de personal se come prácticamente todos los ingresos, ¿qué es lo que se avecina? Si, Expedientes de Regulación de Empleo…

EREs que significan sufrimiento personal y familiar de compañeros y amigos, pero que también suponen un daño irreparable a la imagen de la organización en si y que serán sin duda alguna utilizados por la caverna mediática para despedazarnos.

EREs que se podían haber evitado en origen si, como ya he apuntado antes, se contratara a la gente por mandato, de manera que cuando en unas elecciones se sufre una debacle como la acontecida el año 2011, cada uno vuelve a sus quehaceres anteriores o a buscar un nuevo empleo sin traumas añadidos. Hay que recordar que ni los partidos políticos, ni los sindicatos, son agencias de colocación de empleo, sino organizaciones al servicio de los ciudadanos.

EREs que por inevitables no pueden suponer un ajuste de cuentas, una purga política o una venganza, sino que pueden y deben gestionarse de manera inteligente, solidaria y responsable. Para ello hay dos puntos esenciales, el primero, la negociación con los representantes de los trabajadores y el segundo, la no aplicación de la Reforma Laboral en cuanto a las indemnizaciones.

Si se quiere minimizar el daño a las siglas que harán los expedientes de regulación de empleo, no hay duda que hay que ser coherente con lo que se defiende ideológica, política o sindicalmente: negociación colectiva y rechazo frontal a la Reforma Laboral.

Hay ya ejemplos de que se puede hacer así: expediente negociado, con prejubilaciones, contratos de relevo, reducciones voluntarias de jornada, bajada voluntaria del salario de toda la plantilla, incluidos ejecutivos y finalmente con indemnizaciones de 33 días por año a los que se van. No son los 45 días por año trabajado de antes pero desde luego no son los 20 de la Reforma del PP.

Hay también ejemplos de todo lo contrario. En los próximos meses se verá quiénes están a la altura de las circunstancias y quiénes han impostado sus principios y valores.