Debido al clima de alarma social generado por la aparición de varios escándalos en los que hay implicados políticos corruptos de todas las formaciones políticas que han tenido o tienen responsabilidad de gobierno municipal, regional o nacional, creo que es necesario pararse un momento a reflexionar sobre lo que está ocurriendo, sobre la responsabilidad de lo que está ocurriendo y, lo que me parece aún más interesante, a quién beneficia todo lo que está ocurriendo.
La primera pregunta que hay que hacerse es si en España hay más corrupción que en otras democracias de nuestro entorno y si fuera así, por qué. Lo cierto es que aunque los indicadores de percepción ciudadana de la corrupción como problema están creciendo, el número de causas es similar a los de otros países de la UE por lo que no tenemos más corruptos que en otros países sino que nos estamos enterando ahora de muchos casos, todos juntos y percibimos que es un drama. Y es que es un drama que aquellos en los que hemos depositado nuestra confianza, creyendo que eran los mejores, para administrar lo público, lo nuestro, lo de todos, hayan resultado un fiasco, aunque solo hubiera sido uno.
Lo segundo que hay que plantearse es si cabe hablar de corrupción así, en abstracto, en general y metiendo en el mismo saco muy diversas conductas, probadas o no, judicializadas o no, falsas o no, o hay que hacer el esfuerzo de analizar cada caso con el nombre y los apellidos del implicado y con los hechos de los que se le acusan, las pruebas que hay al respecto, sin atender al partido político al que representa. Esto último, aunque sea mucho más trabajoso es bastante más eficaz. Estamos habituados a que si el que mete la mano en la caja es un socialista el titular sea: “los socialistas roban” pero si el que recibe un sobre es un popular sea: “los políticos roban”.
Habría que reflexionar también sobre la diferencia entre la responsabilidad penal, la que se depura en los Tribunales y tiene sus procedimientos, sus tiempos y sus garantías procesales y la responsabilidad política, que siendo menos exigente que la primera en cuanto a formalismos, sobre todo el de la presunción de inocencia hasta la sentencia firme, tampoco puede ser entendida como una responsabilidad objetiva que se extiende hasta el infinito. No puede ser nunca lo mismo robar, ser socio del que roba, ser consentidor del latrocinio, haber nombrado al que roba, enterarte de que uno roba y no hacer nada, enterarte de que uno roba y hacer algo, no enterarte de que uno roba…
Si tuviéramos tiempo, si fuéramos capaces de pararnos a pensar en lugar de dejarnos llevar por la ola de indignación ciudadana, más o menos guiada por diversos intereses aunque absolutamente justa, podríamos darnos cuenta que hay que fijar tres barreras anti corrupción, antes, durante y después de cometidos los delitos:
- Procedimientos y controles previos que dificulten la acción de corruptores y corruptos, mecanismos de adjudicación de obras y servicios transparentes, a la vista de los ciudadanos, cuentas claras, financiación de partidos limitada y fiscalizada por órganos independientes… y cualquier otra cosa que se os ocurra.
- Revisión de cuentas públicas por un Grupo Especializado Antifraude de Hacienda, no solo anuales sino también aleatorias, por sorpresa, como si fueran las paralelas de Hacienda que te la pueden hacer porque hay sospecha de fraude pero también porque te número ha salido elegido en el sorteo. Para eso hacen falta medios, dotar tanto a las Unidades antifraude como a la Fiscalía y a la Judicatura de medios, humanos y materiales en la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal.
- Agilización de los procesos judiciales en los que estén implicados políticos para evitar que la causa se convierta en un instrumento de lucha política. Cooperación de las organizaciones implicadas para facilitar la depuración de responsabilidades caiga quien caiga. Condenas ejemplares, cumplimiento íntegro de las penas, imposibilidad de indulto, devolución de lo robado…
Si fuéramos capaces de quitarnos la chaqueta del partido en el que militamos o simpatizamos, tendríamos que poder diferenciar la responsabilidad penal de la política, pero también tendríamos que ser capaces de exigir responsabilidad política ajustada a los hechos y a la participación en los mismos porque si no, nos encontramos con que se le pueda exigir responsabilidad a la madre del político por parirlo, a sus profesores por no enseñarles ética, a sus familiares por no impedir que se corrompieran, a sus superiores por no saber que aquel al proponían un día se corrompería y a los propios votantes que creyeron en su honradez, como los anteriores, y no supieron ver sus aviesas intenciones.
Los responsables de los partidos a sus diferentes niveles deberían haber podido descubrir internamente los casos de corrupción y haber obrado en consecuencia: expulsión y denuncia ante el juzgado. Si no se ha hecho así ¿Qué podemos pensar? O bien estaban involucrados o bien han fallado por omisión en su responsabilidad «in vigilando».
Es imposible saber lo que ocurre en el interior de cada Ayto cuando se hace con ánimo de delinquir utilizando tapaderas. Si hasta la policía le cuesta como no le va a costar a un compañero.
Te recomiendo escuchar la entrevista anoche a Tomás Gómez en Hora 25 donde lo explica muy bien http://t.co/qgSE9OCPjf
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